IRUN BERDEA. Blog personal de Manuel Millán.

Tras el rechazo del Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al recurso puesto por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contra el Sumario abierto para investigar los crimenes cometidos por el franquismo desde el 17 de julio de 1.936 hasta 1951, el Ministerio Público vuelve a la carga por otra vía, que consiste en instar a la Sala para que declare a Garzón incompetente.

En otras palabras, el Ministerio Público luchando desesperadamente por detener la investigación. Pretende que la comisión nombrada no pueda entrar en todos los archivos, ni levantar todas las fosas, ni conocer como se organizaron para asesinar en masa, que pasó con los patrimonios de los asesinados, etc. que no se investigue, que no se sepa la verdad. Si fuera verdad lo que dice Zapatero,  que el franquismo ya está juzgado por la historia, ¿a qué viene tanto empeño en obstaculizar las investigaciones?.

Pues viene a poder seguir falsificando la história. Que no se sepa que el régimen del nacional-católicismo se construyó sobre los cimientos del crimen organizado, sobre un genocidio terrorista destinado a ejercer el control político. Y sobre todo, que esa investigación no haga tambalear el edificio institucional actual que tan frágiles apoyos morales tiene, así como su escasa  legitimidad.

No se pueden cerrar las heridas mientras no se haga justicia. Mientras más de ciento diez mil desaparecidos permanezcan en fosas comunes, situadas en caminos y tapias de cementerios, sin reconocer que fueron vilmente asesinados por ser ciudadanos democratas, sin reparar a sus familiares descendientes, sin reconocer su dignidad, y por supuesto, sin juzgar a sus verdugos aunque luego se les perdone, no se podrá pasar página. Una y otra vez, como si fueran fantasmas, saldrán sus recuerdos  de las fosas para llamar a las conciencias y reclamar justicia.

"La injusticia, allá donde se halle, es una amenaza para la justicia en su conjunto" afirmó Martin Luther King. No hay ley de amnistia, ni constitución, ni argucias legales, ni ministerio público que pueda impedir la reclamación de justicia. No sé hasta donde podrá llegar Garzón, pero la reclamación de verdad, justicia y reparación no podrán pararla nunca.  

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El sábado, día 11, se celebró en el Palacio de Miaramar la VII Asamblea de Ezker Batua-Berdeak de Gipuzkoa con participación de 117 delegados y con el lema Izquierda Vasca, federal, social y republicana.

Primero se votó el Informe de gestión, tras las intervenciones a favor y en contra, en que se resaltó el avance experimentado en estos cuatro años, en afiliados, representantes municipales, junteros y asambleas locales, obteniendo un respaldo del 58,4% de los delegados. Después se votó, también en votación secreta, la composición de la Comisión Permanente, máximo organo de dirección en Gipuzkoa que se compone de 19 miembros, obteniendo la lista encabezada por Antton Karrera el 70,8 %, y el llamado sector critico, que encabezaba Duñike Agirrezabalaga, el 29,2 %, algo más lejos del 40% de los delegados que decían representar. 

Antton Karrera clausuraba la Asamblea manifestandose "contento", señalando una "actitud abierta" a todas las aportaciones constructivas, respetando siempre lo que dicte la mayoría, y considerando que en Ezker Batua no sobra nadie.

Se cumplen cinco años desde la inauguración de Ficoba. Es momento de hacer balance. Los responsables muncipales ya lo han hecho, la Camara de Comercio se presta, encarga a una empresa un estudio y los resultados son fantasticos. Se miran y admiran en el espejo.

Pero la realidad es otra. Existe un evidente resultado descendente, con un claro declive en ferias, expositores y visitantes, pasados los primeros años de lanzamiento con fuerte inversión. Se afirmó que al tercer año generaría beneficios y hoy es una carga para el ayuntamiento, que este año transferirá 1.500.000 euros, porque los ingresos de funcionamiento sólo cubren el 8,45 % de los gastos. Los supuestos puestos de trabajo inducidos son escasos y precarios. Todos observamos como unas modernas y costosas instalaciones se mantienen infrautilizadas. 

Quiénes ahora nos dicen que estos proyectos necesitan tiempo son los mismos que hace siete años nos decian que al tercer año generaría beneficios. La continua queja de falta de financiación responsabilizando a otras instituciones, especialmente Gobierno Vasco, es para ocultar este desaguisado. Este proyecto se realizó por el empecinamiento de los dirigentes del PSE de Irun, que frente a las dudas del resto de grupos políticos, no dudó en embarcar a la ciudad que creen les pertenece en semejante aventura. Embarcarse solo en contra de la voluntad del resto y luego, una vez producido el naufragio culparles, se llama irresponsabilidad.

El problema es que el barco es de todos. La inversión realizada es irreversible, pero el funcionamiento de las instalaciones si puede cambiar, transformándolo en un Centro Social y Cultural asequible a todas las actividades del tejido asociativo de Irun. 

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Finalmente, la moción aprobada gracias a la alianza de PSE, PP y PNV en el Pleno de septiembre sobre las antenas de telefonía móvil, deja en total indefensión a la ciudadanía.

Hemos conseguido que se comprometieran a crear una Comisión participativa con el fin de elaborar en seis meses una Ordenanza Municipal que regule estas instalaciones, pero hemos encontrado un rechazo total a suspender las licencias de forma temporal hasta tanto se elabore la Ordenanza, decisión que sí han tomado Hondarribia, Hernani, Renteria, Basauri, o Getxo en que la alianza del PP y PSE es para lo contrario, o sea, para aprobar una moratoria.

 Con todo, lo más preocupante fueron los argumentos empleados que evidencian una voluntad clara por hacer una ordenanza descafeinada. Negando la evidencia de posibles afecciones a la salud de las emisiones de radio frecuencia, y pretendiendo asegurar que dadas las limitaciones legales establecidas por Industria, existen plenas garantias de salud pública.

Pero nada más lejos de la realidad. Múltiples estudios técnicos avalan las afecciones, incluso el propio Parlamento Europeo en este mismo mes reclama medidas más restrictivas y eficaces, en los apartados 21, 22, y 23.

En cuanto a las limitaciones legales que establece y regula el decreto 1.066/2001, se encuentran obsoletas, 4500 veces por encima de las recomendaciones de Salzburgo, y con una peculiar forma de regular el sistema de control, que consiste en recoger y publicar las mediciones de inmisión de radio frecuencia que las propias operadoras realizan. "La zorra cuidando las gallinas".

Para este ayuntamiento no existe el principio de precaución y deja a la ciudadanía indefensa ante la ambición de poderosas empresas sin escrúpulos. Una actuación preocupante.

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