IRUN BERDEA. Blog personal de Manuel Millán.

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa pretende reformar sus Estatutos, y entre otras cuestiones, se propone en su art. 32 obligar a cualquier ayuntamiento, o en su defecto la Mancomunidad a la que pertenezca, a abonar su parte proporcional de la inversión en la incineradora aunque se desvincule del proyecto, no lo comparta ni solicite su servicio.

Esta reforma surge como consecuencia del temor extendido entre los proincineradores a raiz de la experiencia de la recogida "puerta a puerta" en Usurbil avalada por la Mancomunidad de San Marcos, que se inició en el mes de febrero de este año, y cuyas cifras de reciclaje han pasado en tan sólo dos meses del 28,42% al 76,08 %, además de obtener una pureza del 98% en la materia organica. Todo un exito tras retirar los contenedores de las calles que pone de manifiesto la irracionalidad del proyecto "estrella" de incineración en Zubieta.

Por eso pretenden blindar su proyecto, obligando a pagarlo a priori a todos los ayuntamientos, y por tanto, a todos los ciudadanos de Gipuzkoa, aunque finalmente no se realize o no lleven residuos a incinerar. Con ello, consiguen dos objetivos, garantizar la construcción de la planta, e impedir, obstaculizar y cerrar el paso a otros sistemas alternativos superiores en reciclaje y compostaje, y por tanto, más económicos, saludables y ecológicos.

Pretenden otorgar un enorme poder al Consorcio, con capacidad de establecer las tarifas de basuras, de impugnar presupuestos de Mancomunidades, todo ello, sin criterios de prevención y reducción, estableciendo tarifas únicas, etc. que anula de hecho la autonomia de las Mancomunidades e incumple las directivas europeas de priorizar la prevención.

Supone un evidente ataque a la democracia. Distorsionando la voluntad popular, porque el Consorcio de Residuos es un ente indirecto en cuarto escalón (los ciudadanos eligen a los concejales, estos a los miembros de las mancomunidades, estos últimos a los del Consorcio, y estos a la sociedad de gestión), quienes tomaran las decisiones más importantes. Cuando éstos establezcan las tarifas de basuras, la ciudadanía no pedirá cuentas a quiénes deciden, sino a los concejales que se verán obligados a poner la tipica cara de bobo.

Pero además, supone también hipotecar la gestión futura de cualquier ayuntamiento con independencia de lo que manifieste la voluntad popular municipal en el futuro. ¿Para qué hacer elecciones?. Los ayuntamientos estarán presos de un Consorcio que dispone por ellos y les impedi decidir cual es el mejor sistema de tratamiento de los residuos. Todo un ataque a la ya escasa democracia municipal.

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